Según la última Encuesta de Población Activa difundida por el Instituto Nacional de Estadística, un total de 384.100 personas trabajaron a tiempo parcial en 2007 para poder cuidar a personas dependientes. De ellas, el 98% fueron mujeres.
Esta cifra evidencia un desequilibrio estructural de género en el sistema de atención a familiares dependientes en España, que acarrea serias repercusiones a nivel económico, laboral, social y de salud para las mujeres cuidadoras.
Al deterioro físico, psíquico y emocional producido por la sobrecarga que suele suponer el cuidado de familiares enfermos, hay que sumar la exclusión del mercado laboral, la precariedad económica presente y futura al verse afectados sus ingresos y sus pensiones y la pérdida de relaciones sociales y de oportunidades de desarrollo personal y profesional.
No es justo que socialmente se siga exigiendo en exclusiva a las mujeres la obligación de asumir la responsabilidad principal de los cuidados. Necesitamos equilibrar las contribuciones de hombres y mujeres en el ámbito familiar. Nos urge encontrar nuevas formulas mas respetuosas con el derecho a la igualdad de oportunidades, nuevos modelos basados en la corresponsabilidad y la solidaridad, no solo entre hombres y mujeres, sino tambien entre otros agentes sociales como son las empresas y el estado.
Para alcanzar cotas mas altas de bienestar para personas y familias y para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, necesitamos unas políticas públicas que promuevan, como dice Naciones Unidas[1], “un cambio de mentalidad para redistribuir socialmente el costo de la carga de las tareas de cuidado equitativamente entre hombres y mujeres, entre Estado, familia, comunidad y empresas”.


